DOS ARTÍCULOS ANTOLÓGICOS Y QUE HARÁN HISTORIA

La declaración constitucional de que "todos los españoles somos iguales ante la ley" no se la creen ni los que la escribieron. Es uno más de los principios voluntariosos que nuestra Constitución proclama. No me gustan las Constituciones voluntariosas, de buenas intenciones. "Obras son amores, y no bellos renglones"

Pero hoy, lo que más me ha llamado la atención de la prensa son estos dos artículos que reproduzco. No tienen desperdicio.

DONDE DIJE "ESCANDALOSO", DIGO "HUMANITARIO"

El Gobierno mantenía antes del «alto el fuego» de ETA que la excarcelación de De Juana supondría un «escarnio a las víctimas» - Los socialistas aseguran ahora que conceder al etarra la prisión atenuada «es lo más inteligente»

L. Vázquez

Madrid- «Escarnio a las víctimas», «gran escándalo», «sobrecogedor», «indignante»... Aunque parezcan los calificativos utilizados ayer ante la decisión de Zapatero de excarcelar virtualmente a De Juana, estos fueron los términos literales en los que se expresaba el Gobierno en 2005 ante la inminente salida de prisión del sanguinario etarra.
Las hemerotecas guardan pruebas concluyentes de que el giro de 180 grados dado por el Gobierno de Zapatero respecto a la situación penitenciaria de De Juana Chaos no obedece tanto a razones «humanitarias» como al pago de un precio político a la banda ETA. En una misma legislatura, el Gobierno ha pasado de «construir nuevas imputaciones» contra De Juana, a concederle la prisión atenuada porque es «lo más inteligente», en palabras de Rubalcaba. Entre una y otra postura, media el «alto el fuego» anunciado por la banda en marzo de 2006. Veamos la metamorfosis.
A finales de 2004 se anuncia para el mes de febrero siguiente la salida de prisión del asesino De Juana, después de cumplir 18 años de cárcel por 25 asesinatos. El ministro de Justicia, López Aguilar, asegura el 26 de octubre de 2004 que «la excarcelación de De Juana Chaos no debe suceder bajo ningún concepto». Además, anuncia que el Gobierno «se empleará a fondo» para impedir que «ningún convicto de crímenes especialmente odiosos sin arrepentimiento, sin reparación a las víctimas, sin ningún indicio ni nada que se le parezca de resocialización, pueda volver a significar una amenaza para la seguridad de todos y escarnio de las víctimas».
«Sin arrepentimiento»
El 7 de enero de 2005, el ahora portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, afirma que la posible liberación del etarra es un «escándalo» y dice compartir «la indignación» de los colectivos de víctimas. «Es algo que nos repele profundamente, nos parece lo peor», dice. Asimismo, destaca la gravedad que supone que el etarra pueda abandonar la cárcel «sin ningún tipo de arrepentimiento».
Tres días después, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, considera «objetivamente indignante» que se pueda producir la excarcelación del etarra. Ese mismo día, 10 de enero, la Audiencia Nacional procesa a De Juana por sus dos artículos en «Gara» y decide mantenerlo en prisión. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comenta al día siguiente que la decisión del juez Grande-Marlaska supone un «efecto tranquilizador» ante «un gran escándalo como es la excarcelación de una persona que ha cometido gravísimos crímenes y que producía una indignación comprensible desde el punto de vista social».
El 12 de enero, el ministro López Aguilar remacha la opinión del Gobierno diciendo que los etarras que no manifiestan ningún tipo de sensibilidad para con las víctimas del terrorismo, ni arrepentimiento por su trayectoria criminal, «representan un escarnio a la sociedad democrática y a las propias víctimas».
Sin embargo, el 13 de junio de 2005, otro juez de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decide no procesar a De Juana por los artículos de «Gara». Esta decisión, que permite la salida de la cárcel del asesino en agosto siguiente, es recurrida por el Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado. Y no sólo esto. Varios ministros se rasgan las vestiduras por la actuación de Pedraz.
Así, el 14 de junio, el del Interior, José Antonio Alonso, considera «tremendo» que De Juana, al que define como «uno de los terroristas más sanguinarios» de ETA, «pueda quedar en libertad». A él se suma el mismo día el titular de Justicia, López Aguilar, que anuncia que ha instruido «con carácter general y permanente al Ministerio Fiscal que recurra todas las excarcelaciones de etarras». Ese día habla por primera vez, y en relación con De Juana, de «construir una nueva imputación penal» para que no salga de prisión y evitar así el «escarnio de la sociedad».
«Gracias a los beneficios»
El 15 de junio, la directora general de Prisiones, Mercedes Gallizo, amenazada por el terrorista en uno de sus artículos de «Gara», considera «fatal» que pueda salir en libertad «una persona que ha cometido 25 asesinatos» gracias a «unos beneficios pensados para personas que se quieren reinsertar en la sociedad y que, por lo tanto, se arrepienten de su vida delictiva». Gallizo garantiza entonces que se evitará el «uso fraudulento» de los beneficios penitenciarios: «El que quiera reírse del Estado -asegura- no va a tener ninguna facilidad en nuestra casa»
También ese día, el actual portavoz socialista en el Congreso, López Garrido, insiste en que la sola posibilidad de pensar que el «sanguinario terrorista» pueda salir a la calle es «sobrecogedora». Asimismo reitera que es «escandaloso» que uno de los «más sanguinarios terroristas», que no tiene «ni la más mínima apariencia de arrepentimiento o de querer reinsertarse», pueda quedar libre.
El 6 de julio, cuando queda menos de un mes para la anunciada excarcelación de De Juana, López Aguilar insiste en que se va a hacer «cuanto esté en nuestras manos para que no se produzcan excarcelaciones prematuras ni escarnecedoras para el conjunto de la sociedad». En referencia a De Juana, el ministro dice que es «un terrorista muy sanguinario que no sólo no ha mostrado arrepentimiento en el cumplimiento de su larga condena, sino que además, desde la cárcel, ha presentado indicios de continuar vinculado a la organización terrorista».
«Sin actitud de resocialización»
Para López Aguilar, la reinserción «sólo procede cuando ha habido una actitud positiva, y se ha cumplido escrupulosamente todo lo que la ley exige», y considera que si una persona «no ha demostrado ninguna actitud de resocialización» y su salida de la cárcel pudiera suponer una amenaza para la sociedad «no debe ser excarcelado prematuramente bajo ningún concepto».
Al día siguiente, 7 de julio, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento del terrorista por amenazas terroristas y pertenencia a banda armada, por sus dos artículos en «Gara», tal y como pedía la Fiscalía. El Gobierno mantendrá durante varios meses la doctrina de la «constricción de nuevas imputaciones», tal y como confirma el 8 de febrero de 2006 el ministro López Aguilar, que reitera nuevamente que se hará todo lo posible «dentro de la ley» para evitar la excarcelación de etarras. Un mes después, ETA anuncia su «alto el fuego», y el Gobierno se agarra al «donde dije digo, digo Diego».

 

ALTA TRAICIÓN

Por Juan Manuel de Prada

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el diccionario de la Real Academia define alta traición como «la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado». La soberanía y el honor, la seguridad y la independencia del Estado han sido pisoteados y expuestos al escarnio con la concesión del segundo grado penitenciario al terrorista De Juana Chaos.

El Derecho se ha doblegado ante la irracionalidad, se ha torcido y desnaturalizado para amparar el chantaje de un criminal; a partir de ahora, cualquier otro criminal podrá hacer lo propio. La propaganda gubernamental se apresuró a divulgar, a las pocas horas de haberse consumado esta felonía, que durante los gobiernos de Aznar varios terroristas enfermos fueron excarcelados por razones humanitarias; los propagadores de esta especie indigna saben perfectamente que De Juana Chaos no estaba enfermo, y que por tanto en esta decisión oprobiosa no concurren las razones humanitarias que el ministro Rubalcaba invocó.

Si De Juana Chaos hubiese sido, en efecto, un enfermo incurable, diezmado por un cáncer galopante, aquejado de derrame cerebral o convaleciente de un infarto (como lo eran aquellos presos terroristas cuyas penas se aliviaron durante los gobiernos de Aznar), ninguna persona que merezca la designación de tal se hubiese rebelado contra la concesión del segundo grado penitenciario, y aun de la libertad condicional. La superioridad moral del Estado así lo exige. Pero De Juana Chaos no padecía ninguna enfermedad.

De Juana Chaos, en pleno disfrute de sus facultades mentales y gozando de una salud inquebrantable (sólo así se explica que haya podido sobrevivir durante ciento catorce días sin ingerir alimentos, hazaña que deja chiquitos los doce trabajos de Hércules), decidió ponerse en huelga de hambre con el fin de conseguir que el Estado dejara de ejercer potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. Esto es, resolvió infligirse un daño y poner en riesgo su vida para que sus demandas, notoriamente injustas, fuesen atendidas.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 120/1990, estableció rotundamente, ante el caso de unos presos del GRAPO que se declararon en huelga de hambre para chantajear al Estado, que en modo alguno se pueden atender las reclamaciones de alguien que hace uso de su libertad para conseguir objetivos no amparados por la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de infringir la doctrina del Tribunal Constitucional, que es tanto como infringir la misma Constitución, que es tanto como declarar suspenso el imperio de la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero -digámoslo sin rebozo- ha cometido alta traición, que es la más triste forma de claudicación a la que puede rebajarse una autoridad legalmente constituida.

«A nosotros nos importa la vida», aseveró el ministro Rubalcaba en su comparecencia ante los medios. Si de verdad le importara no habría cedido a esta ignominia. La importancia que nuestra Constitución concede a la vida, principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, obliga al Estado a velar por la salud de los internos sometidos a su custodia; en modo alguno a ceder ante sus chantajes o protestas reivindicativas. El Estado está autorizado a establecer limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos cuando tales derechos entran en colisión con el bien supremo de la vida; y, por lo tanto, la obligación del Estado era proteger la vida de De Juana mediante medios coactivos, sometiéndolo a alimentación forzosa, que en modo alguno puede considerarse trato vejatorio o degradante, sino remedio necesario para preservar su vida. La huelga de hambre iniciada por De Juana Chaos era de naturaleza reivindicativa; y, al aliviar su régimen penitenciario, el Estado ha claudicado ante su reivindicación. Llamemos a las cosas por su nombre: esto es alta traición.

Cabría preguntarse si un gobierno que humilla el honor de un Estado no merece algún tipo de castigo. En épocas menos confusas esta pregunta habría obtenido una respuesta inmediata y severísima.

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¡QUÉ SABIO ES EL PUEBLO A LA HORA DE VOTAR!

"El pueblo nunca se equivoca" (Alfonso Guerra)

Hasta otro día.

Juanma